BOLIVIA.- "La propuesta de estatutos para la autonomía indígena de Raqaypampa no está aún cerrada, ni nunca lo va a estar. No sólo porque las comunidades de Raqaypampa aún están discutiendo su contenido, sino fundamentalmente porque la comunidad indígena no se rinde ante ningún texto escrito como la verdad fundamental. La verdad fundamental es la de la vida, y ningún texto escrito está por encima de la vida. El ejercicio de la soberanía del pueblo, y sobre todo en el caso de los pueblos indígenas pre-existentes a la colonia y a la república, no se rinde ante ningún texto sagrado, lo sagrado es la voluntad soberana del pueblo. Lo que define la realidad de un texto escrito es cuando el pueblo se pone en marcha y lo pone en práctica".

PRESENTACIÓN

Esta propuesta de estatutos que presentamos con gran orgullo como editores, cuyo fin es establecer formalmente la autonomía indígena de Raqaypampa, tiene profundas raíces históricas. Resultado del ir y venir en la historia, en este momento crucial que atraviesa la sociedad global, esta es una propuesta que no va dirigida sólo a la comunidad indígena-originaria, sino que representa un modelo de democracia profunda para el conjunto de la sociedad, urbana y rural.

En ese ir y venir de la historia, la autonomía y el auto-gobierno indígena tiene una larga tradición. Las comunidades ejercieron distinto grado de autoridad sobre su propio territorio en distintas épocas. Sin ir más lejos, la rebelión en esa región del sureste de Cochabamba dirigida por el “Qulqi” Manuel en 1946 fue una expresión del movimiento indígena-campesino que buscaba librarse de la opresión de la hacienda. Después de la expulsión de los hacendados a partir de 1953, los raqaypampeños comenzaron gradualmente a establecer su propio gobierno territorial, representado por sus autoridades sindicales campesinas, aunque ese auto-gobierno estuvo mediado a un comienzo por la dependencia política que existía entonces respecto al MNR. Durante el período 1965-1979 el gobierno campesino continuó supeditado al estado a través de las estructuras del pacto militar-campesino. Cuando ese pacto con la burocracia militar del estado neocolonial boliviano se rompió en 1979 con el surgimiento de la CSUTCB, entonces comenzó un rápido proceso de independencia política respecto al estado y se comenzó a ejercer control territorial campesino indígena con mucha más fuerza. En 1990 la marcha indígena desde el Beni marcó claramente el programa político de los movimientos indígenas bolivianos: la lucha era por la Tierra y el Territorio.

Estos estatutos no sólo son el resultado de un ir y venir en la historia. Son también resultado de un ir y venir en el espacio desde lo local y desde la comunidad, estrechamente vinculada con los grandes movimientos sociales, con el espacio de los procesos tanto nacionales como los que ocurrieron en la gran región andina. Cada paso que daba la comunidad, estaba vinculado con lo que sucedía en el movimiento campesino indígena originario nacional.

Raqaypampa también tuvo el privilegio de desarrollar propuestas hacia el movimiento campesino nacional, como ocurrió ya en 1992 cuando allí se inició la organización de los Consejos Educativos Comunales que dejaron una huella en el sistema educativo rural y urbano. En ese andar y experimentar propuestas de organización, los raqaypampeños tienen algo que ofrecernos a todos.

Los estatutos que presenta Raqaypampa proponen un modelo de organización democrática de la sociedad, sin tutelas ni patrones de ninguna clase. Es un modelo que no es exclusivo para indígenas originarios, todo lo contrario, es una propuesta de indígenas para todos nosotros, habitantes de la ciudad y del campo. Para que construyamos una democracia verdadera, una democracia que no necesita de una “clase política” que se auto-perpetúe en los pasillos del poder. Una democracia que no está subordinada a los intereses mezquinos de una burocracia estatal. Una democracia que permite encarar una descolonización desde abajo, la única descolonización posible. Una democracia donde la comunidad y la familia están en el centro de la vida y tienen el control de su espacio vital, del espacio que requieren para vivir bien.

Hasta ahora las familias y las comunidades de campesinos, trabajadores del campo y la ciudad, de los vecinos del barrio sólo son consideradas como un número, como un conglomerado de individuos que proveen mano de obra barata para la industria de exportación, para la extracción de los recursos naturales y para producir los alimentos baratos para la ciudad. Para ello tienen que estar sometidos a un control estricto desde arriba, que asegure que la extracción de los recursos naturales para exportar al mercado mundial sea barata y permanente, en función de los intereses de las multinacionales.

Los pueblos indígenas luchan por la tierra y el territorio para evitar esa depredación continua y para recuperar la soberanía del pueblo sobre sus propios recursos, sobre sus territorios, sobre sus espacios vitales tanto en la ciudad como en el campo. Para eso se exigió durante muchos años que se convoque a la Asamblea Constituyente, para logar una reorganización territorial que permita el ejercicio de la soberanía popular sobre los recursos naturales que pertenecen al pueblo, pero desde abajo, desde la comunidad. La lucha de los pueblos indígenas y la lucha del pueblo todo han logrado que en la nueva Constitución se haya reconocido el principio de la soberanía del pueblo. Para ello el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas, Originarias Campesinas elaboró desde 2004 una propuesta de modificación de la CPE, una propuesta que nació desde abajo, desde las comunidades tanto de las tierras bajas del Oriente como de los ayllus y sindicatos agrarios de las tierras altas. Un punto alto en el origen de ese proceso tuvo lugar en la Guerra del Agua del año 2000, donde campo y ciudad se unieron para evitar que la multinacional Bechtel se apodere del agua, de las fuentes de agua de las comunidades, de las cooperativas de agua de la ciudad así como de la empresa municipal y se enriquezca con los recursos y el trabajo del pueblo.

Esa unidad entre campo y ciudad es vital para garantizar que la soberanía sea efectivamente devuelta al pueblo, que las decisiones sean democráticamente tomadas por las comunidades rurales y las comunidades urbanas. Tanto sea sobre el agua, sobre las fuentes de agua, sobre la distribución del agua, como sobre los servicios de salud, sobre los servicios de manejo de la basura, sobre los servicios de luz o alcantarillado, esos servicios urbanos son parte del espacio vital de las comunidades urbanas, tanto como la tierra, el agua, la biodiversidad y el bosque son parte del espacio vital de las comunidades rurales. El ejercicio democrático del control popular sobre el espacio vital de la comunidad es, por tanto, una tarea tanto urbana como rural. Para descolonizarnos, cada comunidad tanto rural como urbana, tendría que ejercitar su control tanto sobre los servicios como sobre los sectores clave de la sociedad como es el caso de la educación y la salud. La descolonización de la educación es posible si la escuela se pone bajo el control directo de la comunidad y se la saca del control de una administración vertical e inoperante.

De esa manera sería posible operativizar la diversidad cultural, el carácter plurinacional del estado, al interior de la escuela y al interior del sistema de salud entre otros. El estado plurinacional será una realidad cuando el pueblo ejerza su soberanía en forma directa sobre todos los aspectos de la vida y sobre todos los rincones de su espacio vital.

La nueva Constitución Política reconoce el derecho al autogobierno. De acuerdo al artículo 7: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.”

Todo municipio tendría el derecho a declararse autonomía indígena a través de la consulta directa, una vez cumplidos los requisitos que deberá fijar la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. De esa manera la comunidad adquiriría el derecho a gobernarse según sus usos y costumbres, de forma directa, estableciendo el mandato de sus autoridades a través de la asamblea comunal, librándose de la tutela paternalista de los partidos políticos y otras burocracias que hablan en nombre del pueblo. Mucho depende de que el pueblo tenga la voz principal cuando se debata el contenido de esa ley marco, que es la más importante ley después de aprobada la nueva constitución, y no vuelvan a ser los mismos partidos políticos los que decidan autoritariamente y sin consulta previa una ley tan importante. La Constitución Política establece la consulta previa obligatoria antes de adoptar cualquier medida que afecte a la población en cualquier territorio (indígena o no indígena), tanto en lo referido al plan económico (artículo 316) como en lo ambiental (artículos 343) así como para la explotación de los recursos naturales (artículo 352). Ninguna de esas conquistas fundamentales que ya constan en la constitución será efectiva si no hay una movilización del pueblo para que se hagan realidad. De lo contrario, quedarán en el papel.

La propuesta de estatutos para la autonomía indígena de Raqaypampa no está aún cerrada, ni nunca lo va a estar. No sólo porque las comunidades de Raqaypampa aún están discutiendo su contenido, sino fundamentalmente porque la comunidad indígena no se rinde ante ningún texto escrito como la verdad fundamental. La verdad fundamental es la de la vida, y ningún texto escrito está por encima de la vida. El ejercicio de la soberanía del pueblo, y sobre todo en el caso de los pueblos indígenas pre-existentes a la colonia y a la república, no se rinde ante ningún texto sagrado, lo sagrado es la voluntad soberana del pueblo. Lo que define la realidad de un texto escrito es cuando el pueblo se pone en marcha y lo pone en práctica.

Accede aquí al texto completo del Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Capesina de Raqaypampa.