GUATEMALA.- Tras años de búsqueda de justicia, las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno que asoló Guatemala durante 36 años, consiguen el enjuiciamiento del ex-dictador, Efraín Ríos Montt. Se le acusa de genocidio y de crímenes contra la Humanidad.

Bajo las órdenes del general que gobernó de facto el país en 1982-83, se ejecutó un plan militar sistemático de exterminio contra los pueblos indígenas guatemaltecos, denominado “tierra arrasada”, que borró del mapa a centenares de comunidades rurales.

Durante los escasos 16 meses que duró su gobierno, el dictador fue responsable de permitir y ordenar homicidios, violaciones y torturas. En ese lapso, según el representante del Ministerio Público Manuel Vásquez, se cometieron “al menos 266 acciones militares donde murieron más de 1.700 personas, hubo 1.400 violaciones sexuales y unas 29.000 personas debieron abandonar sus hogares para huir de la violencia”. Hechos por los que ahora es juzgado.

Durante esos años la fuerza represiva del Ejército se centró en las áreas rurales del altiplano guatemalteco, y la inmensa mayoría de las víctimas fueron hombres, mujeres, niños y niñas de distintos pueblos mayas.

Pero no sólo eso; la estrategia de la dictadura incluía un plan sistemático de eliminación de las formas de organización, de las autoridades y de los modos de relacionamiento con la tierra practicados por los pueblos indígenas guatemaltecos. Así como una clara voluntad por despojar a las comunidades de sus territorios, que desde entonces se pusieron al servicio de una nueva fase de desarrollo económico al servicio de las élites. De este modo se sentaron las bases para la implantación de los megaproyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales, en auge actualmente.

Hasta ahora, Ríos Montt había logrado evitar la cárcel pese a la gravedad de los delitos cometidos. Pero el fin de su inmunidad parlamentaria (dejó de ser diputado tras las últimas elecciones), han abierto una nueva etapa, que le han empujado al banquillo de los acusados.

Este paso supone un tímido avance en la búsqueda de justicia por las violaciones masivas de derechos humanos practicadas por los distintos gobiernos militares que sufrió el país en más de 36 años de guerra (1960-1996). Durante el conflicto y según el Informe “Memoria del Silencio” elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), fueron asesinadas o desparecidas más de 200.000 personas.